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Acceder a los bienes culturales es un derecho de todo ciudadano y garantizar ese derecho es una obligación de todo funcionario. Creo que esta es una buena ocasión para reiterarlo públicamente.

El 10 de diciembre de 2003 asumí el cargo de Secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, un área de gobierno conformada por 2 subsecretarías, 18 direcciones generales, 5 programas especiales, un complejo teatral, el Teatro Colón, 2 centros culturales de escala metropolitana ( el Centro Cultural Recoleta y el Centro Cultural San Martín), 38 centros culturales barriales con 13 museos y 26 bibliotecas públicas; con una planta de más de 10.000 empleados.

Era una suma de áreas y direcciones que llevaban adelante una enorme cantidad de actividades, pero separadas e incomunicadas unas de otras. Funcionaban como una constelación de mini secretarías de cultura que disponían de un presupuesto y de recursos humanos y físicos que cuidaban celosamente (y con recelo) sin atender ni involucrarse demasiado con lo que se hacía o se dejaba de hacer en la oficina contigua. No existía una política global; sólo muchas, muchísimas e interesantes, acciones puntuales. De esta manera, cada una de las Direcciones ejecutaba sus programas en forma casi independiente, conformando una gran burocracia, pero no una política.

Si bien la gran mayoría de las áreas dependía, según el organigrama existente, de alguna de las dos Subsecretarías, la de Gestión e Industrias Culturales por un lado y la de Patrimonio por el otro, sus responsables no siempre trabajaban jerárquicamente sino que pasaban por alto ese ámbito inmediato de la gestión y algunos reportaban directamente al Secretario de Cultura. Esta situación bastante común en la administración pública, y que por lo general obedece a cuestiones menores de política interna, no hacía más que reforzar las estructuras verticales y los compartimentos estancos. Todo, en fin, colaboraba para proyectar la imagen de una Secretaría con superposición de esfuerzos, con un enorme caudal de trabajo, pero sin un programa unificador, sin un objetivo común e integrador claro.

Comencé mi gestión como lo hago siempre: abriendo canales de diálogo. Me reuní con gente de la cultura de distintos ámbitos. Uno de los primeros encuentros fue con los teatristas, tanto actores como productores, directores y dramaturgos. A ellos les preguntaba: "¿Qué opinan de la política teatral?" La respuesta era siempre categórica y la misma: "¿Cuál política? No hay política". Yo me apresuraba a enumerar las múltiples acciones que se desarrollaban: "Tenemos el Complejo Teatral de Buenos Aires, Proteatro, el Festival Internacional de Buenos Aires…" Sin embargo, mis interlocutores tenían, desde el afuera de la gestión, la misma visión de fragmentación y desconexión que yo venía percibiendo. "Son todas actividades puntuales, separadas entre sí. No hay un plan. La ciudad no tiene una política teatral general."

Esta situación se repetiría en cada una de las reuniones siguientes, con los cineastas, con los representantes de las artes plásticas, con los músicos. Estaba claro que había que orientar la gestión, diseñar un plan con objetivos definidos que hilvanaran las acciones existentes y que sirviera de base para proyectar nuevas iniciativas. Y nos pusimos a trabajar.

El propósito que nos fijamos fue establecer marcos globales que diesen cuenta de los objetivos que se iba a trazar el Gobierno en el área de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. En tal sentido, postulamos un conjunto de conceptos que, articulados, configuraban un paradigma de gestión cultural. Así nacen las 5 líneas políticas de gestión y el plan estratégico "Buenos Aires capital Cultural de América Latina 2010".

En estas páginas van a encontrar los principales programas llevados adelante , con sus fundamentos y sus resultados.




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Las industrias culturales en la globalización
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Repercusiones de la muestra de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta
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